Logroño,03 nov 2017,(EFE).
La Consejería de Educación del Gobierno de La Rioja prevé que el próximo curso 2018-2019 se pueda comenzar a impartir la asignatura de religión islámica en los centros escolares de la comunidad.
En una nota, el Gobierno riojano ha recordado que trabaja desde hace más de un año con la Comisión Islámica de España para hacer efectivo el derecho de los alumnos a recibir religión islámica en la escuela, "si bien no está siendo un camino exento de dificultades técnicas".
Los responsables de la Consejería de Educación han mantenido varios encuentros tanto con el presidente de esta organización, Riay Tatary como con su equipo, con quien se mantiene un contacto permanente.
La última reunión se celebró el pasado mes de octubre y contó con la participación de Tatary y del director general de Educación de La Rioja, Miguel Ángel Fernández.
El objetivo con el que se trabaja es que el próximo curso 2018-2019 se imparta esta asignatura conforme al currículo aprobado a nivel nacional por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con todas las garantías para asegurar que el profesorado cuenta con la formación legalmente exigida, ha recalcado el Gobierno.
La previsión es hacerlo de forma progresiva y consensuada con la Unión de Comunidades Islámicas de España, de manera que el próximo curso se pudiera iniciar alguna experiencia piloto en centros educativos riojanos, siempre que se cumpliera el mínimo de alumnos solicitantes exigido en la Ley nacional reguladora de este derecho.
El Gobierno de La Rioja siempre ha reconocido el derecho a recibir esta asignatura conforme a la normativa vigente, tal y como queda acreditado en recientes resoluciones emitidas al efecto, si bien la dificultad ha radicado en la acreditación por parte de los interesados de estar en condiciones de ejercitar dicho derecho por no estar claro el cumplimiento de los requisitos necesarios.
Ayer se tuvo conocimiento de una sentencia del Tribunal Superior de La Rioja (TSJR) en la que establecía la obligación de poner los medios necesarios para que este derecho se hiciera efectivo en un caso particular, ha aclarado.
Hace aproximadamente un año, el Gobierno de La Rioja vio avalada su postura en una sentencia en sentido contrario, "lo que da una idea de la dificultad técnica y logística de arbitrar las medidas necesarias para que este derecho se haga efectivo con el rigor suficiente".
Otra dificultad ha estribado en la indeterminación hasta fechas recientes de un interlocutor en La Rioja que contara con representatividad acreditada y que asumiera las obligaciones que conlleva el cumplimiento de la ley.
El Gobierno de La Rioja ha expresado su voluntad de cumplimiento de la sentencia, sin perjuicio de un análisis jurídico más pormenorizado que pudiera conducir a cuantas acciones legales procedan y buscando siempre las máximas garantías y rigor en el ejercicio de los derechos de las personas en su educación.
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