La polémica ley israelí, enviada a la corte suprema para ser debatida, permite al estado confiscar propiedades en Israel de residentes en Cisjordania, y que según los observadores, está destinada a la expropiación de parcelas e inmuebles a palestinos de Jerusalén.
La legislación fue sometida a debate en una vista tras una demanda interpuesta por el Estado ante el Supremo para invalidar una jurisprudencia de una corte de distrito que dictaminó que no fuera implementada en Jerusalén , informa ayer el diario “Haaretz”.
La legislación afecta en particular a palestinos residentes de Jerusalén Este que han perdido sus propiedades tras desplazarse fuera de los perímetros municipales de la urbe que Israel controla después de la Guerra de los Seis Días (1967).
La comunidad internacional y los palestinos no reconocen la parte oriental de Jerusalén como parte de Israel, pues en ella los últimos aspiran a establecer la capital de su futuro estado.
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